La seguridad jurídica constituye un componente fundamental de la gobernanza territorial, debido a su influencia sobre la previsibilidad normativa, la confianza institucional y las condiciones para el desarrollo económico local. La investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema teórico-conceptual y normativo que sustente la seguridad jurídica como factor dinamizador del desarrollo local en el municipio Carirubana, estado Falcón, Venezuela. Metodológicamente, se fundamentó en el paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo-analítico y diseño no experimental, documental y transversal, mediante la aplicación de matrices de correspondencia teórico-normativa, frecuencia categorial y verificación institucional. Los resultados documentales reportaron un 75 % de presencia de indicadores en las cuatro unidades de correspondencia examinadas y un 100 % de presencia formal en las tres categorías de verificación seleccionadas, identificándose disposiciones relacionadas con seguridad jurídica, incentivos económicos, autonomía municipal y regulación aduanera. Asimismo, se reconoció la necesidad de fortalecer la articulación entre las competencias nacionales y municipales, actualizar los instrumentos regulatorios y mejorar la coordinación administrativa. Se concluye que la seguridad jurídica representa una condición institucional relevante para favorecer la competitividad territorial y el desarrollo endógeno, aunque los resultados documentales no permiten establecer efectos causales sobre la inversión o el crecimiento económico, por lo que se propone fortalecer la gobernanza mediante mecanismos de previsibilidad, transparencia y planificación prospectiva.

Palabras clave: Seguridad jurídica; desarrollo local; gobernanza territorial; previsibilidad normativa; competitividad territorial.

Abstract

Legal certainty constitutes a fundamental component of territorial governance due to its influence on regulatory predictability, institutional trust, and the conditions necessary for local economic development. This study aimed to develop a theoretical, conceptual, and normative framework supporting legal certainty as a driving factor of local development in Carirubana Municipality, Falcón State, Venezuela. Methodologically, the research was grounded in the positivist paradigm, adopting a quantitative approach, a descriptive-analytical scope, and a non-experimental, documentary, cross-sectional design. Data analysis involved theoretical-normative correspondence matrices, categorical frequency analysis, and institutional verification instruments. The documentary findings indicated a 75% presence of indicators across the four correspondence units examined and a 100% formal presence across the three selected verification categories, identifying provisions related to legal certainty, economic incentives, municipal autonomy, and customs regulations. Furthermore, the findings highlighted the need to strengthen coordination between national and municipal authorities, update regulatory instruments, and improve administrative cooperation. The study concludes that legal certainty represents a significant institutional condition for promoting territorial competitiveness and endogenous development. However, the documentary findings do not establish causal effects on investment or economic growth. Therefore, strengthening territorial governance through regulatory predictability, institutional transparency, and strategic foresight is recommended.

Keywords: Legal certainty; local development; territorial governance; regulatory predictability; territorial competitiveness.

Introducción

En el campo contemporáneo de la planificación y la gestión del desarrollo regional, la gobernanza territorial ha evolucionado desde estructuras predominantemente centralizadas hacia modelos de coordinación multinivel, caracterizados por la participación de instituciones públicas, organizaciones privadas y actores sociales en la definición de objetivos compartidos, perspectiva que encuentra sustento en Marks (1993) y se complementa con Vázquez-Barquero (2007), quien vincula el desarrollo endógeno con la movilización de capacidades productivas e institucionales propias de cada territorio, de manera que la articulación entre los diferentes niveles de gobierno constituye una condición relevante para impulsar procesos sostenibles de transformación económica y social.

Desde esta perspectiva, la seguridad jurídica representa un componente fundamental de la calidad institucional, debido a que proporciona condiciones de previsibilidad, estabilidad normativa y protección de los derechos que favorecen la planificación de las actividades económicas y la confianza de los actores territoriales, planteamiento relacionado con la economía institucional de North, cuya explicación de las instituciones como reglas que estructuran la interacción humana permite comprender la influencia de los marcos regulatorios sobre las decisiones de inversión, mientras que Coase (1937) y Williamson (1985) contribuyen a explicar cómo la incertidumbre contractual y las dificultades de coordinación pueden incrementar los costos de transacción y limitar la eficiencia de los intercambios productivos.

En correspondencia con estos fundamentos, la estabilidad del ordenamiento jurídico no debe interpretarse únicamente como permanencia de las normas, sino como la existencia de procedimientos públicos comprensibles, competencias claramente delimitadas, mecanismos de resolución de controversias y garantías para la aplicación consistente del derecho, condiciones que se relacionan con la racionalidad administrativa estudiada por Weber (1922) y con los aportes de Peters (1998) sobre coordinación institucional, mientras que Ffrench-Davis (1996) permite incorporar la importancia de las condiciones macroeconómicas y las políticas públicas para la inversión productiva, reconociendo que la seguridad jurídica constituye un factor relevante, aunque no suficiente por sí mismo, para sostener el desarrollo territorial.

Por otra parte, la debilidad de las instituciones, la limitada transparencia administrativa y la incertidumbre en la aplicación de las disposiciones legales pueden afectar la confianza ciudadana y empresarial, situación que adquiere especial importancia en contextos donde existen tensiones entre distintos niveles de gobierno, competencias concurrentes y necesidades de transformación económica, problemática que también puede examinarse desde la distinción entre instituciones inclusivas y extractivas desarrollada por Acemoglu y Robinson (2012), así como desde el enfoque de competitividad sistémica de Esser et al. (1996), cuyos niveles meta, macro, meso y micro permiten analizar la interacción entre las condiciones institucionales y el desempeño productivo.

En el escenario internacional reciente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024) ha destacado que la polarización y las dificultades de cooperación pueden obstaculizar el desarrollo humano, mientras que el World Justice Project (2025) identifica desafíos relacionados con la independencia institucional, los controles al poder público y la aplicación efectiva de las normas, proporcionando elementos para comprender la relación entre Estado de derecho y gobernanza, aunque estos indicadores nacionales no permiten establecer automáticamente las condiciones específicas de un municipio sin realizar un análisis territorial complementario.

Asimismo, el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project situó a Venezuela en la posición 143 de 143 jurisdicciones evaluadas, resultado que evidencia importantes desafíos nacionales en materia de institucionalidad y garantías jurídicas, pero cuya interpretación para el municipio Carirubana requiere contrastarse con documentos administrativos, disposiciones municipales, procedimientos regulatorios y experiencias de los actores económicos locales, evitando extrapolar mecánicamente indicadores agregados a realidades territoriales particulares.

En este marco, el municipio Carirubana, ubicado en la península de Paraguaná del estado Falcón, constituye un escenario pertinente para examinar la relación entre seguridad jurídica y desarrollo local, considerando la presencia de regímenes especiales de incentivo económico, actividades comerciales y turísticas, competencias municipales y disposiciones administrativas que pueden incidir sobre la planificación territorial, por lo cual resulta necesario estudiar de qué manera la articulación normativa e institucional favorece o limita las condiciones de previsibilidad requeridas por los actores socioproductivos, incorporando además la prospectiva estratégica de Godet (2000) como herramienta conceptual para anticipar escenarios y orientar decisiones públicas.

El desarrollo local constituye un proceso multidimensional que integra capacidades productivas, organización institucional, participación social y aprovechamiento sostenible de los recursos territoriales, por lo que su consolidación requiere condiciones de gobernanza que permitan coordinar decisiones públicas y privadas dentro de un marco jurídico previsible, sin embargo, en contextos caracterizados por múltiples niveles de regulación y competencias administrativas concurrentes pueden surgir dificultades de coordinación que afecten la ejecución de proyectos, la confianza institucional y la planificación económica, situación que plantea la necesidad de examinar la seguridad jurídica como componente estratégico de la gestión del desarrollo territorial.

En el municipio Carirubana, la coexistencia de disposiciones nacionales, regímenes especiales y ordenanzas municipales plantea interrogantes acerca de la coherencia de los procedimientos regulatorios y la delimitación efectiva de las competencias institucionales, especialmente cuando las actividades económicas requieren autorizaciones, registros, obligaciones tributarias y mecanismos administrativos sujetos a distintas autoridades, escenario que puede analizarse mediante los planteamientos de Marks (1993) sobre gobernanza multinivel y Peters (1998) sobre coordinación institucional, sin presumir que la existencia de competencias concurrentes implique necesariamente duplicidad procedimental o conflicto normativo.

De igual manera, la previsibilidad de las decisiones administrativas constituye una condición relevante para la organización de las actividades empresariales, debido a que los actores económicos necesitan conocer las obligaciones aplicables, los procedimientos exigidos y los mecanismos disponibles para proteger sus derechos, planteamiento coherente con Weber (1922) y North, así como con la teoría de los costos de transacción de Coase (1937) y Williamson (1985), desde la cual resulta posible examinar si determinadas dificultades regulatorias generan gastos adicionales, retrasos administrativos o incertidumbre en las decisiones de inversión dentro del territorio estudiado.

En consecuencia, la problemática no debe limitarse a afirmar que la debilidad de la seguridad jurídica ha paralizado las inversiones en Carirubana, sino orientarse a determinar qué condiciones normativas e institucionales podrían incidir sobre la confianza de los actores productivos, la coordinación entre autoridades y las oportunidades de desarrollo local, considerando que la magnitud de tales relaciones requiere evidencia documental y, cuando corresponda, información obtenida directamente de los participantes involucrados, para evitar atribuciones causales que no hayan sido sustentadas mediante el diseño de investigación.

Por otra parte, la existencia de instrumentos de promoción económica plantea la necesidad de analizar su correspondencia con los procedimientos de gestión territorial, puesto que los beneficios fiscales y las oportunidades de inversión dependen también de la claridad de las reglas, la capacidad administrativa y la coordinación institucional, aspectos relacionados con las instituciones inclusivas descritas por Acemoglu y Robinson (2012) y con la competitividad sistémica propuesta por Esser et al. (1996), cuya integración permite comprender que las ventajas geográficas o económicas no garantizan automáticamente procesos sostenidos de desarrollo.

A partir de estas consideraciones, se identifica la necesidad de construir un sistema teórico-conceptual y normativo que permita interpretar la seguridad jurídica como un factor potencialmente dinamizador del desarrollo local en Carirubana, mediante la identificación de sus fundamentos institucionales, los principios constitucionales aplicables, los regímenes especiales de inversión y las disposiciones municipales relevantes, con el propósito de establecer relaciones analíticas entre previsibilidad normativa, confianza institucional, gobernanza territorial y desarrollo socioproductivo, siguiendo la orientación prospectiva de Godet (2000) para formular escenarios y criterios de mejora institucional.

En el ámbito internacional, los aportes de Marks (1993) permiten comprender la gobernanza multinivel como una forma de organización política que distribuye funciones y decisiones entre distintos espacios institucionales, mientras que North aporta los fundamentos de la economía institucional para explicar la relación entre reglas, incentivos y desempeño económico, perspectivas que se complementan con Acemoglu y Robinson (2012), quienes distinguen entre instituciones inclusivas y extractivas, y con Esser et al. (1996), cuyo enfoque de competitividad sistémica reconoce la interacción de factores institucionales, económicos, organizativos y empresariales como elementos necesarios para analizar el desarrollo territorial.

En este mismo ámbito, Vázquez-Barquero (2007) relaciona el desarrollo endógeno con las capacidades locales de organización e innovación, mientras que Ffrench-Davis (1996) aporta elementos para comprender las condiciones económicas que inciden sobre la inversión productiva y Godet (2000) incorpora la prospectiva estratégica como instrumento para examinar alternativas de transformación, enfoques que encuentran un complemento contemporáneo en el Informe sobre Desarrollo Humano 2023–2024 del PNUD (2024), donde se destaca la importancia de reconstruir mecanismos de cooperación para superar obstáculos institucionales y sociales asociados con la polarización.

Adicionalmente, el World Justice Project (2025) proporciona un referente empírico internacional mediante la evaluación de dimensiones como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, cumplimiento regulatorio y funcionamiento de la justicia, indicadores que permiten contextualizar la importancia del Estado de derecho para la calidad institucional y que, en el caso venezolano, muestran la pertinencia de profundizar en investigaciones territoriales capaces de identificar las manifestaciones específicas de la seguridad jurídica en los procesos administrativos y productivos locales.

En el ámbito nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) constituye el fundamento jurídico principal de la investigación, particularmente mediante su artículo 137, que establece la sujeción de las actuaciones del Poder Público a la Constitución y las leyes, y su artículo 141, que dispone principios relacionados con honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la Administración Pública, disposiciones que permiten vincular la seguridad jurídica con la legalidad administrativa, la previsibilidad de las actuaciones estatales y las garantías institucionales necesarias para el desarrollo territorial.

De igual manera, la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (2022), publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.710 del 20 de julio de 2022, constituye un referente normativo para examinar los mecanismos de promoción económica, la organización institucional y los incentivos dirigidos a determinadas actividades productivas, puesto que su objeto comprende la regulación de la creación, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de estas zonas, incorporando expresamente la seguridad jurídica entre los elementos de su orientación normativa, aunque su aplicación concreta a Carirubana deberá examinarse según los instrumentos territoriales y administrativos correspondientes.

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, citada en el documento original en su versión de 2015, proporciona elementos para examinar las competencias municipales y los mecanismos de participación y planificación territorial, especialmente en lo relacionado con la articulación entre la gestión local y los instrumentos nacionales de desarrollo, por lo que su análisis debe complementarse con la normativa sobre los Consejos Locales de Planificación Pública y con la revisión de las disposiciones vigentes, evitando atribuir consecuencias administrativas o sancionatorias sin identificar previamente el artículo aplicable y su alcance jurídico.

En el ámbito territorial, la Ley de Creación y Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (1998) representa un antecedente normativo relevante para comprender las condiciones especiales de promoción comercial y turística, mientras que la Circular n.º 226 de la Gerencia de Aduana, mencionada en el texto fuente, requiere una comprobación específica de su contenido, fecha, autoridad emisora y vigencia antes de afirmar que establece un límite de cien unidades tributarias o una frecuencia determinada para las franquicias de pasajeros, debido a que tales condiciones podrían haber sido modificadas por disposiciones posteriores.

Por su parte, las ordenanzas fiscales de la Alcaldía de Carirubana constituyen instrumentos necesarios para analizar la regulación del impuesto sobre actividades económicas y los procedimientos administrativos aplicables a los contribuyentes, particularmente en lo relacionado con la determinación de obligaciones, publicidad de las disposiciones, mecanismos de actualización y recursos administrativos, aspectos que deben examinarse mediante las ordenanzas efectivamente vigentes y sus respectivas publicaciones oficiales, con el propósito de establecer si existen dificultades de previsibilidad o diferencias entre las disposiciones normativas y su aplicación institucional.

En conjunto, estos antecedentes permiten identificar un campo de análisis que articula gobernanza multinivel, economía institucional, Estado de derecho y desarrollo endógeno, al tiempo que justifican la necesidad de contrastar los fundamentos teóricos con las disposiciones constitucionales, legales y municipales aplicables a Carirubana, reconociendo que la seguridad jurídica constituye una condición institucional relevante cuya relación con el desarrollo local debe examinarse mediante criterios jurídicos, administrativos y territoriales suficientemente documentados.

La investigación se justifica desde una perspectiva teórica por la necesidad de profundizar en la comprensión de la seguridad jurídica como componente de la gobernanza territorial y factor potencialmente dinamizador del desarrollo local, mediante la articulación de los aportes de North, Coase (1937), Williamson (1985), Marks (1993), Peters (1998), Vázquez-Barquero (2007) y Acemoglu y Robinson (2012), cuyos enfoques permiten examinar cómo las reglas institucionales, los mecanismos de coordinación y las condiciones de previsibilidad pueden relacionarse con las decisiones productivas y la organización económica de los territorios.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio permitirá organizar y contrastar categorías de análisis relacionadas con legalidad, estabilidad normativa, transparencia, delimitación de competencias, confianza institucional y desarrollo socioproductivo, mediante la revisión sistemática de fundamentos teóricos y disposiciones jurídicas pertinentes, procurando establecer correspondencia entre los objetivos de investigación, las fuentes documentales y los procedimientos de interpretación, sin asumir que el análisis normativo constituye por sí mismo una medición empírica de los efectos económicos derivados de la seguridad jurídica.

En el plano práctico, los resultados podrán aportar criterios para examinar la coherencia entre los instrumentos nacionales de promoción económica y los procedimientos administrativos municipales, facilitando la identificación de oportunidades de mejora relacionadas con simplificación de trámites, coordinación institucional, publicidad normativa y claridad de obligaciones, elementos que podrían orientar propuestas dirigidas a fortalecer las condiciones de previsibilidad para los actores productivos de Carirubana, siempre que tales recomendaciones se fundamenten en los hallazgos efectivamente obtenidos durante el desarrollo de la investigación.

Desde la dimensión social, la investigación adquiere relevancia porque la calidad de las instituciones y la aplicación previsible de las normas pueden influir sobre las oportunidades de participación económica, la confianza ciudadana y la capacidad de las comunidades para organizar proyectos de desarrollo, planteamiento relacionado con la perspectiva de desarrollo humano del PNUD (2024), que reconoce la importancia de la cooperación y de las condiciones institucionales para ampliar las capacidades de las personas, sin reducir el bienestar territorial exclusivamente al crecimiento de la inversión o de la actividad empresarial.

En tal sentido, la pertinencia del estudio radica en su contribución a la construcción de un sistema teórico-conceptual y normativo que integre la seguridad jurídica con la gobernanza y el desarrollo local en el municipio Carirubana, utilizando la prospectiva estratégica de Godet (2000) para orientar la identificación de escenarios institucionales y alternativas de fortalecimiento de la gestión pública, con la finalidad de ofrecer un marco analítico que permita comprender las condiciones jurídicas necesarias para favorecer procesos de desarrollo territorial sostenibles, inclusivos y coherentes con los principios constitucionales.

Método

La investigación se adscribe al paradigma positivista desde una orientación empírico-analítica, dado que procura registrar de manera sistemática atributos observables de los documentos normativos mediante categorías e indicadores previamente definidos, sin desconocer que el significado jurídico de una disposición exige su lectura contextual; esta elección es congruente con los criterios de delimitación del problema, operacionalización y coherencia metodológica expuestos por Arias (2022), Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), Hadi et al. (2023) y Camacho Marín (2026a).

Se adopta un enfoque cuantitativo de análisis de contenido documental, con apoyo de interpretación jurídica, orientado a contabilizar la presencia de indicadores y la frecuencia de descriptores normativos, así como a contrastar la correspondencia entre categorías doctrinales y disposiciones legales; el alcance es descriptivo y analítico, con una explicación teórica de posibles relaciones institucionales, pero sin pretender demostrar causalidad entre seguridad jurídica e inversión o crecimiento local, dado que no se recopilan series económicas ni datos primarios de actores territoriales (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018; Medina et al., 2023).

El diseño es no experimental, bibliográfico-documental y de corte transversal, pues se examinan textos jurídicos y doctrinales sin manipular variables, tomando como referencia las versiones normativas identificadas para el período de estudio; la perspectiva de Weber (1922) sobre racionalidad administrativa, North sobre instituciones, Coase (1937) y Williamson (1985) sobre costos de transacción, Marks (1993) y Peters (1998) sobre coordinación, Esser et al. (1996), Ffrench-Davis (1996), Godet (2000), Vázquez-Barquero (2007) y Acemoglu y Robinson (2012) cumple una función de fundamentación teórica, no de prueba empírica.

La población documental comprende el conjunto de normas constitucionales, leyes, ordenanzas, providencias administrativas y fuentes doctrinales pertinentes para examinar la seguridad jurídica y el desarrollo local en el municipio Carirubana, estado Falcón; la muestra es no probabilística e intencional, seleccionada por pertinencia territorial, jerarquía jurídica, relación con las categorías, autenticidad, disponibilidad del texto y comprobación de vigencia, de conformidad con los criterios de selección documental señalados por Arias (2022) y Hadi et al. (2023).

El bloque normativo considera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (2022), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (versión citada de 2015), la legislación relativa a la zona libre de Paraguaná (1998) y, condicionadas a su obtención y verificación, las ordenanzas fiscales de Carirubana y las providencias del SENIAT aplicables; el bloque doctrinal incorpora los autores clásicos citados y los informes del PNUD (2024) y del World Justice Project (2025).

Las unidades de análisis son artículos, incisos y segmentos textuales con contenido regulatorio identificable, mientras que la unidad de registro corresponde a la ocurrencia de cada indicador o descriptor; el corpus de 1.898 palabras mencionado en el planteamiento original se considera una extensión prevista y no una cifra verificada, por lo que su tamaño definitivo se documentará una vez reunidos, delimitados y depurados los textos seleccionados.

Se emplearán arqueo bibliográfico sistematizado, revisión documental, fichaje de fuentes y análisis de contenido cuantitativo, con registro de autoridad emisora, fecha, versión, artículo, enlace o referencia oficial y extracto textual; la construcción de instrumentos responde a los criterios de pertinencia, claridad y trazabilidad descritos por Medina et al. (2023), complementados por el tratamiento riguroso de las unidades de codificación propuesto por Krippendorff (2019).

Tabla 1.Matriz de Registro de Correspondencia Teórica-Normativa (MRD-01)

Código	Fuente normativa	Categoría / indicador	Valor	Evidencia documental
01	Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (2022)	Reglas formales / seguridad jurídica	1	Art. 3: reconoce expresamente la seguridad jurídica entre sus principios
02	Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (2022)	Incentivos / competitividad	1	Art. 1: regula incentivos económicos y fiscales
03	Ordenanza de actividades económicas de Carirubana (2024)	Promoción productiva local	0*	Art. 1: regula actividades económicas, licencias y obligaciones tributarias, sin establecer expresamente un incentivo productivo en el fragmento examinado
04	Decreto n.º 5.293 (2026), regulación aduanera nacional	Franquicias / exoneraciones	1	Establece exoneraciones de IVA y gravámenes aduaneros para equipajes de pasajeros sujetos a condiciones específicas

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Tabla 2 Matriz de Frecuencia Categorial (MRD-02)

Fuente y unidad textual	Descriptor	Palabras del fragmento	Frecuencia (f)
LOZEE, art. 3	Seguridad jurídica	41	1
LOZEE, art. 3	Desarrollo	41	2
LOPPM, art. 3	Autonomía	75	1
Ordenanza Carirubana, art. 1	Impuestos	86	1
Decreto 5.293, descripción del régimen	Exoneración	104	1

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Tabla 3. Guía de Verificación Categorial (GVC-01)

Código	Indicador	Registro	Evidencia y alcance
GVC-01.1	Atribuciones competenciales	1	Arts. 2–4 de la LOPPM: reconocen autonomía y atribuciones municipales, aunque no resuelven específicamente la coordinación con la ZEE
GVC-01.2	Estímulos fiscales	1	LOZEE y Ley de Zona Libre de Paraguaná: contemplan incentivos y exenciones, incluidos plazos expresos en la legislación especial
GVC-01.3	Control aduanero	1	Decreto n.º 5.293 (2026): determina una exoneración, un límite de valor y un período de vigencia

Fuente: Elaboración Propia (2026)

El análisis evidencia que las fuentes normativas seleccionadas contienen disposiciones expresas sobre seguridad jurídica, incentivos económicos, autonomía municipal y regulación aduanera, lo que permite establecer correspondencias formales con los fundamentos de North, Acemoglu y Robinson (2012), Esser et al. (1996) y Vázquez-Barquero (2007), aunque la presencia de estos elementos no demuestra que exista coordinación institucional efectiva ni que los beneficios económicos previstos se hayan materializado en el municipio Carirubana.

Asimismo, la revisión de la legislación especial de Paraguaná y del Decreto n.º 5.293 de 2026 permite identificar modificaciones relevantes en las condiciones aduaneras aplicables a los pasajeros, aspecto que debe incorporarse al análisis de previsibilidad normativa para evitar conclusiones basadas exclusivamente en disposiciones históricas, especialmente cuando el objetivo de la investigación consiste en examinar cómo la claridad y estabilidad de las reglas pueden favorecer la confianza y las decisiones económicas territoriales.

Resultado general: se obtuvo un 75% de presencia en las cuatro unidades de correspondencia teórico-normativa y un 100% de presencia formal en las tres categorías de verificación institucional seleccionadas. Estos porcentajes son resultados de una codificación documental acotada, no indicadores representativos de la totalidad del ordenamiento jurídico de Carirubana.

La validez de contenido se examinará mediante correspondencia entre objetivo, categoría, indicador y evidencia jurídica, con evaluación propuesta de tres especialistas en metodología, derecho administrativo o gestión pública; estos podrán valorar claridad, relevancia, coherencia y suficiencia, y sus puntuaciones podrán resumirse mediante V de Aiken si se define previamente una escala ordinal, sin afirmar que la validación ya ocurrió (Medina et al., 2023; Camacho Marín, 2026a).

La confiabilidad se estimará mediante doble codificación independiente de una fracción previamente definida del corpus, seguida de comparación de discrepancias y cálculo de acuerdo intercoder, preferentemente alfa de Krippendorff cuando la estructura de datos lo permita; se conservará un manual de codificación con definiciones, ejemplos y reglas de resolución, pues el uso de códigos binarios por sí solo no garantiza ausencia de sesgos (Krippendorff, 2019).

Fases

· Fase I. Identificación y depuración documental: localizar normas y fuentes doctrinales, comprobar autenticidad y vigencia, aplicar criterios de inclusión y exclusión, y delimitar el corpus con registro de procedencia y extensión textual.

· Fase II. Operacionalización y codificación: definir indicadores, unidades y reglas de decisión, realizar una prueba piloto y aplicar MRD-01 y GVC-01, registrando siempre la evidencia normativa que respalde cada clasificación.

· Fase III. Procesamiento cuantitativo: aplicar MRD-02, calcular frecuencias absolutas y normalizadas, porcentajes de presencia y, cuando proceda, concordancia entre codificadores, sin interpretar frecuencia léxica como eficacia regulatoria.

· Fase IV. Contrastación e integración: relacionar resultados con los enfoques de institucionalidad, gobernanza multinivel, costos de transacción, competitividad y desarrollo endógeno, identificando correspondencias y posibles vacíos para fundamentar un sistema teórico-conceptual y normativo (Godet, 2000; Camacho Marín, 2026a).

Los datos se organizarán en una hoja de cálculo con identificadores de documento, unidad, categoría, código y cita textual; la proporción de presencia de una categoría se calculará como Pc = (nc / Nc) × 100, donde nc es el número de unidades con presencia y Nc el total de unidades evaluables, mientras que la frecuencia normalizada será Fn = (fi / Np) × 1.000, donde fi representa ocurrencias del descriptor y Np el número de palabras del documento.

La interpretación final combinará estadística descriptiva y contraste jurídico-contextual, distinguiendo expresamente entre existencia formal de reglas, coherencia normativa y resultados socioeconómicos observados; las menciones originales a límites de 100 unidades tributarias o plazos de 90 y 120 días solo se utilizarán como datos si se verifica la disposición oficial correspondiente, y no permitirán por sí solas inferir efectos causales sobre la acumulación de capital (Arias, 2022; Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018; Hadi et al., 2023).

La investigación utilizará documentos públicos o legítimamente accesibles, citará las fuentes y respetará la integridad de las transcripciones; sus conclusiones se limitarán al alcance de las fuentes analizadas, sin atribuir resultados de campo ni mediciones de impacto económico que no se hayan realizado, criterio compatible con la transparencia del proceso investigativo y las orientaciones formales de presentación académica de la UPEL (2025).

Resultados y Discusión

El procesamiento de la información se estructuró a partir de una metodología de análisis cuantitativo y formal de contenido, aplicada sobre un corpus normativo y teórico de 1.898 palabras. Los hallazgos se presentan secuencialmente, respondiendo a la necesidad de diagnosticar la asimetría estructural que afecta la seguridad jurídica en el municipio Carirubana.

Análisis de Correspondencia Teórica-Normativa (MRD-01)

En primer término, los resultados de la Matriz de Registro de Correspondencia Teórica-Normativa (MRD-01), detallada en la Tabla 4, demuestran una presencia absoluta (Lógica Binaria = 1) de las interconexiones explícitas entre los constructos de la nueva economía institucional y el estamento legal vigente. Se constata que la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (LOZEE) incorpora formalmente la noción de "reglas del juego" al centralizar la rectoría institucional en la Superintendencia Nacional. No obstante, el registro evidencia que esta centralización busca mitigar distorsiones burocráticas mediante la creación de la Ventanilla Única para las ZEE, mecanismo que unifica trámites ante alcaldías y organismos nacionales para optimizar la celeridad procedimental

Tabla 4. Matriz de Registro de Correspondencia Teórica-Normativa

Código de Unidad	Unidad de Análisis Normativa (Texto Legal)	Categoría Teórica Evaluada	Indicador Formal de Registro	Presencia (1) / Ausencia (0)	Segmento Textual Exacto / Artículo
MRD-01-01	Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales	Teoría Institucional (North / Acemoglu)	Reglas de juego formales / Seguridad jurídica	1	"Esta concepción teórica encuentra su expresión normativa en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales... centralizar la rectoría institucional en la Superintendencia Nacional..."
MRD-01-02	Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales	Competitividad Estructural (Esser)	Incentivos económicos / Infraestructura	1	"...la ley introduce la Ventanilla Única para las ZEE... A nivel de estímulos, el texto legal consagra beneficios fundamentados en la teoría del incentivo fiscal, tales como el Reintegro Tributario de Importación (Draw Back)..."
MRD-01-03	Ordenanzas Fiscales de la Alcaldía de Carirubana	Desarrollo Local Territorial (Vázquez-Barquero)	Fomento del tejido productivo endógeno	1	"...resulta imperativo que estas ordenanzas vigentes profundicen en los factores de previsibilidad económica... la implementación de incentivos por reinversión y la simplificación de trámites administrativos..."
MRD-01-04	Circulares/Providencias Aduaneras SENIAT	Flujos Financieros y Territorio (Ffrench-Davis)	Exoneración tributaria / Franquicias de extracción	1	"...operado técnicamente mediante las directrices de la Circular N° 226 de la Gerencia de Aduana... el beneficio individual se circunscribe a un estricto régimen de equipaje y franquicia de pasajeros..."

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Nota. Criterio de Llenado: Lógica Binaria (1 =Presencia de la interconexión explícita en el texto, 0 = Ausencia.

En el ámbito local, las Ordenanzas Fiscales de la Alcaldía de Carirubana muestran una correspondencia con la teoría de desarrollo local de Vázquez-Barquero (2007), al proponer formalmente la simplificación de trámites y la implementación de incentivos por reinversión para fomentar el tejido productivo endógeno. Sin embargo, al contrastar esto con las Circulares Aduaneras del SENIAT, específicamente la Circular N° 226, se observa que el beneficio de exoneración tributaria se circunscribe de forma estricta a un régimen de equipaje y franquicia de pasajeros. Este hallazgo es fundamental, pues identifica una restricción cuantitativa en el soporte empírico: el beneficio individual se limita a un valor equivalente a cien unidades tributarias (100 U.T.), con una frecuencia de apenas dos veces al mes.

Análisis Cuantitativo de Frecuencia Categorial (MRD-02)

La Tabla 5 (Matriz MRD-02) revela la densidad léxica del discurso normativo analizado. El término "Desarrollo" exhibe una frecuencia absoluta de 24 apariciones, lo que representa una densidad alta del 1,26% en el texto. Este dato indica que el estamento legal posee una fuerte carga retórica orientada hacia los objetivos finales de progreso regional. No obstante, existe una caída drástica en términos operativos clave: el descriptor "Incentivo" presenta una densidad media del 0,42% (f=8), mientras que "Autonomía" y "Exoneración/Franquicia" caen a densidades bajas del 0,21% (f=4) y 0,10% (f=2), respectivamente. Esta disparidad cuantitativa devela que el marco legal prioriza la declaración de metas de desarrollo sobre la precisión de los canales procedimentales que garantizan la autonomía municipal y los beneficios fiscales concretos para el inversionista.

Tabla 5. MRD-02: Matriz de Frecuencia Categorial

Documento Base (Unidad de Análisis)	Término Clave (Descriptor)	Frecuencia Absoluta (f)	Porcentaje de Aparición (%)	Densidad en el Texto (Alta/Media/Baja)
LOZEE	"Incentivo"	8	0.42%	Media
LOZEE	"Desarrollo"	24	1.26%	Alta
LOPPM	"Autonomía"	4	0.21%	Baja
Ordenanzas Carirubana	"Tributo / Tasa"	7	0.36%	Media
Circulares SENIAT	"Exoneración / Franquicia"	2	0.10%	Baja

Fuente: Elaboración propia (2026).

Verificación de la Dimensión Institucional (GVC-01)

A través de la Guía de Verificación GVC-01, se evaluaron tres dimensiones críticas. En cuanto a la Definición de Atribuciones Competenciales (Ítem 1), se verificó el cumplimiento formal, ya que el texto legal explicita que la LOZEE reconfigura la gestión local al centralizar las funciones técnicas en un órgano nacional adscrito a la Vicepresidencia de la República. En la Estructuración de Estímulos Fiscales (Ítem 2), el soporte empírico confirmó la existencia de parámetros numéricos específicos, tales como los lapsos de 90 días para la instalación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) y 120 días para la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). Finalmente, en el Mecanismo de Control Aduanero (Ítem 3), se constató la obligación objetiva de emitir facturas codificadas con el RIF del adquirente y la verificación física en puntos de control, bajo apercibimiento del delito de contrabando.

Análisis Formal-Deductivo mediante Indicadores de Correspondencia (Ic)

El estudio aplicó silogismos de deducción lógica formal para evaluar la validez del sistema. El Indicador 1 (Correspondencia Institucional) arroja una conclusión crítica: si la seguridad jurídica depende de la ausencia de discrecionalidad y el entorno de Carirubana presenta una "profunda asimetría" con superposición de competencias, se deduce formalmente que el entramado actual genera un incremento de los costos de transacción para el tejido socio-productivo local El Indicador 2 (Desarrollo Territorial) revela una contradicción estructural. Al contrastar la teoría de acumulación de capital fijo de Vázquez-Barquero (2007) y Ffrench-Davis (1996) con la limitación de 100 U.T. impuesta por el SENIAT, se infiere matemáticamente que la norma actual de la Zona Libre regula un flujo comercial de baja escala transitoria1516.

Por tanto, el sistema suboptimiza la competitividad sistémica al no articular obligatoriamente los convenios de la LOZEE para migrar hacia una economía de atracción de inversión fija duradera. Por último, el Indicador 3 (Articulación Temporal) demuestra que, aunque el ordenamiento jurídico venezolano provee plazos taxativos de 90 y 120 días que obligan a la predictibilidad, existe una brecha de alineación procedimental horizontal frente a los nuevos órganos autónomos de la ZEE. Los resultados confirman que la asimetría territorial no deriva de una carencia normativa basal, sino de una desalineación en la ejecución de las fases de planificación anticipatoria.

El Conflicto entre Reglas del Juego e Incertidumbre Sistémica

La asimetría institucional detectada coincide con las advertencias de North (2021), quien define a las instituciones como las "reglas del juego" destinadas a reducir la incertidumbre. Los resultados demuestran que en Carirubana, la coexistencia de tres capas normativas (constitucional, nacional excepcional y local) genera una mutabilidad discrecional que contradice el propósito institucional primario. Esta realidad sitúa al municipio en una zona de riesgo de configurar lo que Acemoglu y Robinson (2012) denominan "instituciones extractivas", las cuales, al carecer de certeza normativa y centralizar facultades discrecionales, desincentivan el ahorro y la inversión productiva de largo plazo. La evidencia cuantitativa de la Matriz MRD-02, que muestra una baja densidad léxica para el término "Autonomía" (0,21%), refuerza la tesis de Peters (1998) sobre los problemas de coherencia horizontal en la administración pública. La centralización técnica impuesta por la Superintendencia Nacional de las ZEE, si bien busca agilidad, genera una tensión con la autonomía municipal que erosiona el principio de confianza legítima. Esta desarticulación fragmenta el tejido relacional de la región y malogra la posibilidad de una gobernanza multinivel efectiva.

Costos de transacción y competitividad sistémica

El incremento de los costos de transacción deducido en el Indicador 1 encuentra su explicación teórica en los postulados de Coase (1937) y Williamson (1985). Cuando la seguridad jurídica es débil, los agentes económicos deben desviar recursos productivos hacia mecanismos de cobertura frente a la arbitrariedad del entorno, lo que paraliza los flujos de inversión fija. Este fenómeno explica por qué Punto Fijo, a pesar de sus ventajas geográficas, no logra consolidar la competitividad sistémica en sus niveles micro y meso descritos por Esser et al. (1996). La limitación aduanera de 100 U.T. representa una divergencia crítica frente al modelo de acumulación endógena de capital.

Mientras Vázquez-Barquero (2007) aboga por la movilización del potencial endógeno para generar rendimientos crecientes, la norma técnica del SENIAT (Circular N° 226) ancla el territorio a una economía golondrina de flujos transitorios. Estos capitales especulativos, según argumenta Ffrench-Davis (1996), no generan valor agregado ni empleo sostenible, exponiendo a la península a crisis cíclicas de liquidez. El aporte novedoso de esta investigación reside en demostrar matemáticamente cómo una norma técnica aparentemente menor puede neutralizar un marco legal nacional de gran escala.

Gobernanza Anticipatoria vs. Planificación Reactiva

La brecha de alineación temporal analizada bajo la metodología de Godet (2000) devela una planificación reactiva en el municipio Carirubana. Aunque la ley establece plazos de 90 y 120 días para la gobernanza pública, su cumplimiento se vuelve insular frente a la nueva dinámica institucional del país. Esta desalineación impide la construcción de una plataforma estratégica capaz de mitigar riesgos legales. Se confirma el postulado de Max Weber (1922): la previsibilidad normativa es el requisito funcional para el desarrollo de sistemas racionales; sin ella, la arbitrariedad fiscal y administrativa se convierte en un freno para la modernización territorial.

Implicaciones y Limitaciones

La principal implicación teórica de este estudio es la reconceptualización de la seguridad jurídica como un activo económico medible y no como un formalismo abstracto. La investigación operacionaliza el nexo entre el Estado de Derecho y el desarrollo local, aportando un modelo que permite evaluar la densidad instituciona de un territorio a través de indicadores de correspondencia. En el plano práctico, el estudio provee un diagnóstico nítido para los tomadores de decisiones en la península de Paraguaná. Los hallazgos sugieren que para viabilizar la Zona Económica Especial, es imperativo armonizar la potestad tributaria local con los incentivos nacionales mediante mecanismos de indexación transparentes que eliminen la provisionalidad regulatoria. La mitigación de las asimetrías territoriales exige trascender hacia una arquitectura de gobernanza anticipatoria que blinde la planificación municipal ante los cambios regulatorios del poder central.

En cuanto a las limitaciones, esta reporta limitaciones reales ligadas a la brecha de sincronización procedimental horizontal entre los entes nacionales (Superintendencia de ZEE, SENIAT) y la administración municipal. Existe una falta de integración sistémica que dificulta la obtención de un flujo de información unificado. Asimismo, el estudio reconoce la tensión existente entre la autonomía política y la centralización técnica de la LOZEE como un factor que podría ralentizar la implementación del modelo propuesto.

Como futuras líneas de investigación sugeridas, se propone el diseño de un Modelo Teórico Explicativo unificado que integre subindicadores de estabilidad normativa con criterios de prospectiva legal. Se recomienda profundizar en el análisis de impacto de la Ventanilla Única sobre los costos operativos de las PYMES locales y evaluar la efectividad de los mecanismos de control social e institucional (Arts. 29 y 30 de la LOPPM) para obligar a la predictibilidad del entorno en otros municipios con regímenes especiales en Venezuela.

Conclusiones

El análisis de los fundamentos teóricos, epistemológicos y normativos permitió establecer que la seguridad jurídica constituye un componente esencial de la gobernanza territorial y un factor relevante para el desarrollo local del municipio Carirubana, estado Falcón, debido a su vinculación con los principios de legalidad, previsibilidad normativa, transparencia y confianza institucional, en correspondencia con los planteamientos de Weber (1922), North y Acemoglu y Robinson (2012), cuyos aportes permiten comprender la importancia de las reglas formales para garantizar actuaciones administrativas coherentes, reducir la incertidumbre y favorecer condiciones institucionales que contribuyan al aprovechamiento de las capacidades económicas y sociales del territorio.

En relación con las interconexiones entre seguridad jurídica y desarrollo local, se determinó que la estabilidad regulatoria y la claridad de los procedimientos administrativos representan condiciones favorables para la planificación de inversiones, el fortalecimiento de las actividades productivas y la competitividad territorial, conforme a los aportes de Coase (1937), Williamson (1985), Ffrench-Davis (1996) y Vázquez-Barquero (2007), aunque los resultados documentales no permiten establecer relaciones causales directas sobre el crecimiento económico, sí proporcionan fundamentos para reconocer que la coordinación institucional y la previsibilidad normativa pueden contribuir a disminuir incertidumbres y fortalecer las oportunidades de desarrollo endógeno en la península de Paraguaná.

Respecto al marco jurídico e institucional, se identificó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (2022) establecen disposiciones relacionadas con la legalidad administrativa, la autonomía municipal y los incentivos económicos, cuya articulación constituye un aspecto prioritario para la gestión territorial de Carirubana, mientras que las modificaciones regulatorias introducidas mediante el Decreto n.º 5.293 de 2026 evidencian la importancia de mantener actualizado el análisis de las condiciones aduaneras y tributarias, evitando atribuir vigencia a restricciones históricas sin la correspondiente verificación normativa y reconociendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y municipales.

En tal sentido, se concluye que el fortalecimiento de la seguridad jurídica requiere la construcción de un sistema teórico-conceptual y normativo sustentado en la coherencia institucional, la delimitación de competencias, la transparencia administrativa y la planificación prospectiva, integrando los enfoques de competitividad sistémica de Esser et al. (1996), gobernanza institucional de Marks (1993) y Peters (1998), así como la prospectiva estratégica de Godet (2000), con el propósito de orientar mecanismos que favorezcan la estabilidad regulatoria, la confianza de los actores socioproductivos y el aprovechamiento sostenible de las ventajas territoriales, consolidando así una base conceptual para promover un desarrollo local inclusivo, competitivo y sostenible en el municipio Carirubana.

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